Por Victoria Beaumont H.

Luego de la Reforma de Salud las Isapres iniciaron un eficiente proceso de incorporación de la nueva institucionalidad. Sin embargo a tres años de este cambio, siguen existiendo temas pendientes cuyas consecuencias afectan negativamente la rentabilidad del sector.

El incremento del costo técnico es una realidad que se experimenta a nivel mundial, debido al envejecimiento de la población, al aumento de la esperanza de vida, la introducción de nuevas tecnologías en las prestaciones y las mayores expectativas en calidad de la atención que poseen los usuarios, todas variables que forman el escenario propicio para una escalada en el consumo y en los precios de los servicios de salud, una tendencia sin retorno propia del desarrollo.

Todo un fenómeno resulta el incremento de las licencias médicas y el gasto relacionado con ellas, una materia sobre la cual nuestro país debe avanzar y reflexionar, de modo de corregir la evidente negligencia que opera en el manejo de recursos obtenidos del uso abusivo de un subsidio a favor de los trabajadores. El costo por concepto de licencias médicas durante el año 2007 significó más de 380 millones de pesos para Chile, una realidad que exige discusiones centradas en los incentivos, fiscalización e incorporación de nuevos sistemas de control que atiendan la realidad epidemiológica del país.

La arista delicada del tema radica en que la introducción de mejoras en el sistema de licencias médicas está supeditada a un tema político – es discutido obligadamente a nivel interministerial - lo que debilita la voluntad y la capacidad de acción eficiente que permita encarar la transformación de un sistema del todo sobrepasado por el comportamiento de la población.

Más grave aún resulta el fenómeno de judicialización de la modificación de contratos de salud, mecanismo que ha dejado a la nueva Ley de Isapres como letra muerta frente a los tribunales, generando un desorden y perjuicio para la industria de consecuencias insospechadas.

Lo anterior, plantea una gran interrogante para la Superintendencia de Salud, garante de los derechos de los cotizantes, pues el incremento de casos que llegan hoy a las cortes y los resultados de dichos procesos nos indican claramente que la legislación o se quedó corta en incentivos para que las personas utilicen la nueva institucionalidad o la autoridad no está logrando su objetivo.

Tres grandes desafíos que requieren visión de largo plazo, acuerdos políticos y estrategias proactivas de comunicación al cotizante, en una industria cuyas asimetrías de información construyen una relación de isapre-asegurado, basada en la experiencia del cotizante y en la claridad que la isapre tenga para comunicar mensajes complejos.

Nuestra capacidad nos permite adelantarnos a los hechos y crear tendencia